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Los excesos de poder también tienen límites — Lisa Belmiro Camara

“¡Qué triste acaba este día en Nicaragua! La patria está secuestrada por la irracionalidad y la ambición esquizofrénica de poder. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta irresponsabilidad!” Silvio José Báez (Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua), 31 de mayo de 2018.

Dramática expresión para dramáticos sucesos. Dramáticos, pero no exagerados. El 30 de mayo se conmemora el día de la madre en Nicaragua, pero el pasado 30 de mayo no hubo celebración: ese día, en Managua, una manifestación multitudinaria clamaba justicia por los crímenes cometidos durante la represión de las protestas sociales que habían dado inicio mes y medio antes. Lo que inició como una manifestación en contra del gobierno de Daniel Ortega, se convirtió en una nueva masacre que dejó un saldo de 6 manifestantes muertos y al menos, 85 personas hospitalizadas1. A la marcha asistían familias enteras, niños y niñas, hombres y mujeres de todas las edades. La primera persona asesinada ese día fue un niño de 15 años, recibió un impacto de bala en el tórax2, murió horas más tarde en un hospital de Managua.

Pero ¿cómo se ha llegado a estos extremos en Nicaragua? Desde que, en el año 2007, Daniel Ortega fue nuevamente electo presidente (también gobernó durante la década de los 80 a raíz de la Revolución Popular Sandinista), la acumulación y concentración de poder que ha venido gestando ha sido de tal magnitud, que entre sus manos se encuentra el control absoluto de todos los poderes del Estado y sus Instituciones. El deterioro del Estado de Derecho se ha hecho evidente en distintos momentos y casos concretos. En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia dictaminó, por medio de una sentencia que resolvía un Recurso de Amparo, que la Constitución Política violaba el derecho humano de Ortega a reelegirse como presidente indefinidamente, declarando, por tanto, inaplicable la propia Constitución, lo que le ha permitido reelegirse por un tercer periodo consecutivo.

Mediante continuos fraudes electorales y la eliminación de toda posibilidad de oposición política real, Ortega se ha asegurado que toda persona que ocupe un cargo público tenga como principal activo la obediencia y el servilismo en lugar de capacidad y méritos. En 2016, con la remoción de 28 diputados opositores, consiguió dominio absoluto de la Asamblea Nacional. Y haciendo uso de ese control, ha modificado las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Policía Nacional) para garantizar su subordinación directa. Para muestra un botón: el jefe de la Policía Nacional es también su consuegro3. Y para añadir más joyas a la corona: su esposa Rosario Murillo es, ni más ni menos, que la vicepresidenta de la República4.

El poder político del régimen Ortega Murillo es indiscutible, como lo es también el poder económico. El régimen -y sus fieles y más allegados partidarios- han acumulado una verdadera fortuna en los últimos años, gracias, en gran parte, al petróleo venezolano que ha llegado a Nicaragua por medio de los acuerdos con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)5. Una fortuna injustificable, menos aún en un autodenominado “Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario”.

Esta mezcla de ingredientes, que se había ido acumulando como en una olla de presión, finalmente estalló el 18 de abril de 2018. Un decreto presidencial que dictaba reformas a la seguridad social provocó la manifestación de decenas de personas en contra de las medidas6. La respuesta del gobierno: una dura represión a los manifestantes por parte de grupos de choque del gobierno y la Policía Nacional. Sin embargo, en lugar de aplacar las demandas de los protestantes, la represión provocó una avalancha mayor de descontento y protestas en todo el país. El movimiento liderado por estudiantes universitarios y respaldado por gran parte de la población, y por primera vez, también por la empresa privada, creció exponencialmente. Pero el objetivo ya no era derogar las reformas a la seguridad social, sino exigir el cese a la represión, pedir justicia para las víctimas de la represión y el fin del poder de Ortega. El saldo de la crisis después de casi doce meses de resistencia pacífica es el siguiente:

Economía al borde del colapso. De crecer al 5% anual, uno de los mejores crecimientos en la región, el PIB en Nicaragua decreció alrededor del 4% en 2018, según datos proporcionados por el Banco Central de Nicaragua. El retiro de depósitos en la banca nacional sigue creciendo desmesuradamente. Alrededor de 417 mil personas desempleadas. Al menos 40 mil personas refugiadas en Costa Rica y miles más en otros países. Según los últimos análisis socio económicos, si la crisis continua, a finales de 2019 la mitad de la población de Nicaragua enfrentaría riesgo de pobreza7. La receta del gobierno ante la crisis: elevar impuestos y cuotas a la seguridad social, afectando por igual a empresarios, consumidores y trabajadores, tanto del sector público como del sector privado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado la muerte de 325 nicaragüenses, desde el 19 de abril. La Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (CPDH) cuenta 545 muertos y más de 4 mil personas heridas8. Según el Informe sobre la investigación elaborado por el GIEI, “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”9.

Se contabiliza alrededor de 700 de personas arrestadas arbitrariamente por protestar en contra el gobierno, con cargos, entre otros, de “terroristas” y “golpistas”. Entre las personas encarceladas se encuentran estudiantes, periodistas, líderes campesinos, líderes políticos opositores, manifestantes en general e incluso expolicías que se negaron a reprimir a la población. Muchas de estas personas han dado testimonios de torturas y violencia sexual en las cárceles.

Medios de comunicación han sido clausurados y/o confiscados. Muchos periodistas se han auto exiliado y los que aún permanecen en el país viven en constante acoso y persecución, al igual que activistas de derechos humanos y principales figuras opositoras.

Por otro lado, las sanciones económicas internacionales, que parece ser el talón de Aquiles de la dictadura, no se han hecho esperar. El gobierno de EEUU ha impuesto sanciones personales a personas allegadas al régimen, a través de la “Ley Global Magnitsky”, una medida que castiga las finanzas personales de las personas acusadas por escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el Parlamento de la Unión Europea decidió aprobar un proceso escalonado de sanciones personales contra el gobierno de Ortega y a los responsables de violar derechos humanos10. La OEA, por su parte, pretende continuar con el proceso de aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua, en caso de que no se llegue a ninguna negociación que ponga fin a la crisis.

A finales de febrero se instaló una Mesa de Negociación entre representantes de la sociedad civil y el gobierno. Las peticiones de la población han sido específicas: Justicia y democracia, libertad para los presos políticos, reformas electorales que culminen en adelanto de elecciones, y el acompañamiento de garantes internacionales para el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno rechazó estos planteamientos pretendiendo imponer justicia con las mismas instituciones responsables de las violaciones de derechos. Las negociaciones se interrumpieron el pasado 3 de abril.

En Nicaragua, los límites a este exceso de poder están costando la vida y la libertad de los nicaragüenses. Han sido 12 meses de dolor y pérdidas que aún no parecen tener fin y que están llevando a este pequeño país centroamericano a una crisis humanitaria sin precedentes. Esto no es asunto de izquierdas ni de derechas, o de golpes de Estado, como algunos quieren hacer creer, este es el resultado de la concentración desmedida de poder, que, por desgracia, ya hemos presenciado antes en la historia de nuestra América.