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Cuando el poder judicial hace política: ¿qué pasó en Brasil? — Lisa Belmiro Camara

Para minha mãe ele era a expressão de um ideal, trabalhadores se tornando atores políticos, abrindo caminho em direção à democracia1

Las actuales circunstancias que se han podido observar en el escenario político de Brasil, como, por ejemplo, la gran cantidad de cambios en el equipo de ministros, la dificultad en aprobar proyectos en las casas legislativas, es decir, la falta de confianza en el gobierno, entre otras, pintan una imagen de inestabilidad y oscilación que ahora llega a la esfera judicial. Esto se debe a que el proceso que ha llevado a la cárcel al expresidente Lula da Silva, lo cual resultó en la imposibilidad de candidatura del mismo a las elecciones presidenciales en 2018, puede haber sido viciado, según informaciones divulgadas por la agencia de noticias The Intercept Brasil2.

La agencia divulgó mensajes de conversaciones entre el actual ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien fue el responsable de la primera condena de Lula, e integrantes del equipo del Ministerio Público responsables de la investigación Lava-Jato – nombre del conjunto de operaciones que empezó en 2014 para investigar crímenes de lavado de dinero, corrupción, propina y otros, que involucran a miembros de la compañía petrolífera estatal Petrobras, políticos y grandes empresarios brasileños –, en la cual se basó la condena del expresidente.

Lo que se puede leer en los mensajes divulgados, ahora conocidos como Vaza-Jato (haciendo relación con el nombre oficial de la operación), van desde consejos de Moro a los procuradores responsables por la Lava-Jato, en especial a Deltan Dallagnol, coordinador del equipo de investigación; hasta instrucciones y correcciones a la actuación de la acusación. Dallagnol prestaba cuentas y pedía opiniones a Moro, las cuales enviaba a sus compañeros investigadores por grupos de mensajes en la aplicación Telegram. Asimismo, el procurador apoyaba y felicitaba la incipiente tentativa del exjuez de ganar capital político en aquel momento, lo cual fue el inicio de su destacada visibilidad en ese campo.

Ahora bien, el efecto inmediato de dicha exposición de conversaciones personales entre los actores judiciales de ese proceso específico es demostrar que el aparato jurídico fue utilizado con fines políticos, puesto que se puede inferir que la imparcialidad del juez fue comprometida. Además, con la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, Moro pasó a ocupar un cargo político destacado en el gobierno. Es más, según encuestas a la época de la última carrera electoral presidencial, la única posibilidad de que ganara Bolsonaro era en un escenario que no contaba con la candidatura de Lula da Silva.

Frente a esos hechos, la postura de la defensa de Lula es que todo eso reafirma los argumentos ya utilizados por ellos desde el inicio del proceso, con base en que la actuación del exjuez Moro fue combinada con el Ministerio Público para condenar e imposibilitar su candidatura a la presidencia de Brasil. Los abogados del expresidente recurrirán, entre otras estrategias, al artículo 254 del Código Penal, que clasifica que el proceso puede no ser aceptado por la defensa o la acusación, en el caso de que el juez haya aconsejado a cualquiera de las partes.

Por otro lado, la posición de Moro ha sido de negar la autenticidad de los mensajes, atribuyendo posibles alteraciones de contenido a hackers, además de decir que no se acuerda de muchas partes. Dicha posición no sorprende; es decir, la práctica de descalificar informaciones que no les favorecen es algo corriente para los integrantes del gobierno Bolsonaro, aún más cuando se juega con su popularidad política. Así, con el intento de evitar la convocatoria de una Comisión Parlamentar de Investigación (CPI), que sería conducida por el poder legislativo, el ministro se ha presentado voluntariamente a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Parlamento para explicar el contenido de los mensajes en cuestión.

Con todo esto, lo que se verifica en Brasil es que la crisis política lentamente se va profundizando y su efecto más reciente involucra también la esfera judicial. Con la baja aprobación del Gobierno por parte de la población, sumada a las dificultades en temas económicos, se puede comprender por qué la desconfianza en el político más popular del equipo Bolsonaro significa una catástrofe. Aún, la conexión del problema con la no candidatura de Lula da Silva en 2018 evidencia de qué forma se ocupó el poder ejecutivo en Brasil: bajo el objetivo de limpiar la corrupción se llegó al poder por ella.