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La macroeconomía del COVID-19 en África — Francisco Pérez

Ph.D student in Economics – University of Massachusetts, Amherst

Los gobiernos africanos necesitan cantidades de dinero sin precedentes para enfrentarse a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas desastrosas. La mayoría de los políticos, académicos y activistas están de acuerdo que es necesario un mayor alivio de la deuda y un gasto público monetizado. Ambas políticas aumentarían los recursos que los gobiernos tienen a su disposición para abordar las crisis económicas y de salud pública conjuntas. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para África pronostica que en el mejor de los casos habrán 300,000 muertes y un aumento del 1.8 por ciento del PIB, y en el peor de los casos, más de 3 millones de muertes y una caída del 3.6 por ciento del PIB, sumando unos 37 millones de Africanos adicionales en la pobreza. Necesitamos una acción rápida, audaz y decisiva sobre el alivio de la deuda y la creación monetaria en África para enfrentar la crisis del coronavirus. Los ministros de finanzas africanos están pidiendo US $ 100.000 millones para gastos de salud y alivio de la deuda y US $ 100.000 millones para la recuperación económica. En conjunto ambos montos suman menos del 8% del PIB de África en 2019. Los ministros subestiman la gravedad de la crisis. Se necesitará mucho más dinero.

Es probable que África se encuentre entre las regiones más afectadas a causa de la debilidad de sus sistemas de salud pública. Un tercio de la población de África carece de acceso a agua corriente y más de trescientos millones de africanos viven en barrios pobres y densos. La mayoría de los trabajadores africanos están en el sector informal, sin ninguna forma de seguridad social. Pocos pueden trabajar desde casa. Después de décadas de austeridad neoliberal y privatización, los sistemas de salud pública de África están mal preparados para lidiar con el aumento de los casos de COVID-19. Hay escasez de equipos de protección como máscaras y guantes, e incluso elementos básicos como agua corriente y jabón. La Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 5,000 unidades de cuidados intensivos en 43 países africanos, y menos de 2,000 ventiladores en funcionamiento, en comparación con más de 170,000 en los Estados Unidos.

Los gobiernos africanos se encuentran entre los más limitados fiscalmente, con las tasas de recaudación de impuestos más bajas y los costos de préstamos más altos del mundo. De los 8 billones de dólares prometidos por los gobiernos del mundo para la recuperación, las naciones del G-20 representan el 90 por ciento. Sudáfrica es el único miembro africano del G-20, y su gobierno anunció un paquete de R50 mil millones, 10 por ciento de su PIB. Excluyendo Sudáfrica, «el paquete de apoyo fiscal promedio anunciado por los gobiernos africanos hasta ahora representa un magro 0,8% del PIB, una décima parte del nivel» de los países del G-20. Los gobiernos africanos pueden esperar ingresos mucho más bajos este año debido al cierre de las empresas, la reducción de las ganancias de exportación a medida que la economía mundial se contrae y la fuga de capitales según huyen los inversores extranjeros, lo que provocará la devaluación y aumentará el valor de la deuda externa. Muchos gobiernos ya tenían altos niveles de deuda antes de la crisis, y los reembolsos consumieron más del 20 por ciento de los ingresos fiscales en varios países. En 2017, la deuda total de 44 gobiernos en África subsahariana fue de 160 mil millones, con 90 mil millones en divisas. Los prestamistas multilaterales como el FMI y el Banco Mundial son dueños de la mitad de esa deuda externa, el gobierno chino es probablemente el segundo mayor prestamista extranjero de la región, y el resto está en manos de gobiernos occidentales y bonistas privados.

Si bien el FMI y varios gobiernos se han comprometido a suspender los pagos de la deuda en 2020 para los países pobres, las cantidades propuestas, hasta ahora, son insuficientes. El G-20, liderado por Francia, anunció $ 20 mil millones en pagos de deuda suspendidos para 76 países pobres, incluidos 40 en África, que son elegibles para préstamos en condiciones favorables a través del Banco Mundial. Esto todavía deja unos $ 12 mil millones todavía a pagar. También excluye países de ingresos medios y altamente endeudados, como Angola. El FMI prometió cancelar los pagos del servicio de la deuda por un valor de hasta $ 500 millones a 25 de sus prestatarios más pobres, muchos de ellos en África.

Además de unirse al creciente consenso para una moratoria sobre el servicio de la deuda para 2020 y 2021, las ONG internacionales como Eurodad, Jubilee Debt Campaign y el Transnational Institute, también abogan por reducciones significativas del principal de la deuda. La UNCTAD, por ejemplo, está promoviendo un «Plan Marshall para la Recuperación de la Salud» para los países de bajos y medianos ingresos de $ 2.5 billones, aproximadamente equivalente al monto que las naciones de la OCDE se comprometen en ayuda anual para el desarrollo. Incluiría $ 1 billón para el alivio de la deuda, 50 veces más de lo que prometió recientemente el G-20, y $ 500 mil millones en subsidios para gastos de salud. Además, destacan la necesidad de controles de capital para detener la fuga de capitales.

También se ha llegado a un consenso notable sobre la necesidad de que el FMI cree dinero para ayudar a los gobiernos africanos a financiar la recuperación. Los países ricos han decidido monetizar el gasto fiscal. Sus bancos centrales han prometido comprar bonos públicos en cantidades ilimitadas para financiar déficits gigantescos. El pensamiento sobre la monetización del gasto público ha cambiado enormemente en las últimas semanas. Sin embargo, los gobiernos del tercer mundo no pueden satisfacer todas sus necesidades a través de la creación de dinero nacional, ya que necesitan divisas (dólares americanos, euros, yenes, etc.) para pagar las importaciones urgentes de suministros médicos. El FMI creó su propio cuasidinero, el «Derecho especial de giro» a fines de la década de 1970 después del colapso del régimen de tipos de cambio fijos de Bretton Woods. Los gobiernos del tercer mundo podrían convertir los DEG en dólares y euros para comprar los bienes esenciales que no pueden producir ellos mismos.

Si bien la mayoría de los economistas están debatiendo la cantidad adecuada de creación de DEG, la administración Trump se opone por completo. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, argumenta que es un instrumento demasiado desafilado. La fórmula de asignación del FMI, basada en el tamaño de las economías nacionales, otorgaría el 70 por ciento de los nuevos DEG a los países ricos que no lo necesitan. De hecho, la última vez que el G-20 acordó la creación de DEG, unos 183 mil millones (US $ 287 mil millones) en agosto de 2009 para responder a la crisis financiera mundial, toda África recibió 15 mil millones de DEG (y Sudamérica unos 16 mil millones). En lugar de crear DEG, la administración Trump prefiere que los gobiernos donantes contribuyan a los programas de préstamos tradicionales del FMI con sus condiciones neoliberales habituales. No obstante, incluso Larry Summers (conocido por argumentar que África estaba «sub-contaminada» mientras lideraba el departamento de investigación del Banco Mundial) está pidiendo 500 millones en nuevos DEG, y criticó la hipocresía evidente de la administración Trump: “Es todo lo que sea necesario para nosotros y migas caídas de la mesa para el resto del mundo.”

La UNCTAD propone 783 millones en nuevos DEG ($ 1 billón) pero junto con una reasignación temporal de DEG donde los países ricos donan sus DEG a los pobres. Sin embargo, economistas progresistas como Andrés Arauz sostienen que «no tenemos tiempo para hacer que la asignación sea más justa, pero no tenemos restricciones en cuanto a los montos emitidos». Por lo tanto, propone ambiciosamente la creación de 4 billones de DEG ($ 5 billones). Incluso con la fórmula sesgada del FMI, esto proporcionaría aproximadamente 350 billones de DEG ($ 475 mil millones) para África. La Reserva Federal de los Estados Unidos también podría simplemente proporcionar dólares a los bancos centrales de África a través de líneas de swap, ya sea directa o indirectamente a través del FMI, pero dicha cooperación internacional solo se extiende a un puñado de otros países «importantes» cuyo colapso financiero perjudicaría la economía de los Estados Unidos.

Sin embargo, los recursos financieros disponibles para los gobiernos africanos son solo la mitad de la ecuación. Igualmente importante es cómo se gasta el dinero. El paquete de ayuda del gobierno de Ramaphosa, por ejemplo, es menos impresionante que el número en los titulares. Gran parte de esto no es gasto adicional, si no una reutilización de fondos públicos, mientras que solo la mitad se dedicara al gasto en salud y al apoyo a los ingresos para la mayoría pobre del país. La otra mitad está destinada a garantías de préstamos y aplazamientos de impuestos.

Los activistas e intelectuales progresistas de todo el continente y su diáspora exigen que los gobiernos africanos dediquen el dinero necesario para garantizar que la respuesta sea proporcional a la magnitud del desastre. Estos fondos deben usarse para proteger la salud y los ingresos de los más pobres y vulnerables. Si bien gravar a los ricos y la monetización del presupuesto nacional son elementos esenciales para financiar la respuesta a la pandemia, también debemos detener el drenaje del servicio de la deuda externa y aumentar el acceso de los gobiernos africanos a las divisas. Si los gobiernos y los bancos de América del Norte, Europa occidental y China eligen presionar a los gobiernos africanos para el pago de la deuda y dificultar su capacidad de financiar una recuperación sólida, entonces millones de africanos se verán obligados a pagar esta crisis con más enfermedades, desempleo, hambre y trabajo de cuidado no remunerado, y para muchos, en última instancia, con sus vidas.