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Elecciones parlamentarias en Venezuela: una apuesta al suicidio — Luis Octavio Lugo García

Venezuela sin duda se ha convertido en un ejemplo para el mundo de lo que no se debe hacer, ni en política, ni en economía, ni con sus propios ciudadanos. Sin embargo, las verdaderas razones del desequilibrio socioeconómico de Venezuela, y de América Latina en general, tendrían que buscarse en la manera como el Estado-Nación fue construido en el S.XIX; el chavismo, en el caso de Venezuela, aceleró el proceso llevándolo a sus peores consecuencias. Pero éste es un análisis que bien podría ser un tema de una tesis doctoral y no de un artículo.

Ahora bien, observando el resultado de la convocatoria a elecciones parlamentarias que se realizó el pasado domingo 6 de diciembre en Venezuela, se puede decir que ha sido un claro ejemplo de la desafección política de los venezolanos.

Cuando en 1999 se activaron todos los mecanismos para aprobar una nueva constitución que sustituyera a la de 1961, comenzaba un proceso que en la teoría reforzaba el papel de los ciudadanos en el proceso político. Se convocó a un referéndum para que los venezolanos decidieran si querían cambiar la constitución, se llamo a elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente para redactarla, se convocó a los sectores académicos, gremiales, sindicales para que aportasen propuestas. El resultado fue una constitución plagada de derechos y calificada como “avanzada” por muchos juristas. En ella se insertó el concepto de “Democracia participativa y protagónica” y la figura del “referéndum revocatorio” instrumento mediante el cual los venezolanos tenían la facultad de destituir a cualquier persona que hubiese sido elegida por voto popular en la mitad de su mandato, incluyendo al presidente de la República. En síntesis, hasta aquí los ciudadanos sentían que tenían el poder y que su interacción como actor en política se afianzaba.

En los años siguientes, se potenció el concepto de soberanía popular, se impulsó la organización de los ciudadanos: concejos comunales, asambleas ciudadanas, mesas técnicas de agua, casas de alimentación, etc. Todos ellos eran ejemplo de ese objetivo, convertido en política de gobierno, de empoderar al “pueblo”, los otrora ciudadanos. Esa idea de que el poder popular era el verdadero poder se afianzaba en la mente de gran parte de los venezolanos, idea, sin embargo, que rivalizaba con la consolidación de un pensamiento único impulsado desde el Gobierno de Chávez y que lo llevaba a censurar los medios, perseguir a la oposición y catalogar al oponente como enemigo.

En el plano internacional el gobierno defendía la tesis de más elecciones igual a más democracia, por tanto, Venezuela era una “verdadera democracia” porque constantemente se votaba. La realidad de que ese poder no residía en el pueblo se evidenció por primera vez cuando Chávez, en el 2007, convocó a un referéndum para modificar algunos artículos de la Constitución entre ellos el de la relección que estaba limitada a dos mandatos y se modificaría por una elección indefinida. Este referéndum lo pierde el chavismo; no obstante, el año siguiente se modificarían las preguntas de consultas, se activarían y destinarían más recursos para movilizar a los electores del chavismo y se lograría la reforma constitucional.

Una buena parte de la población comenzó a entender que sus deseos no eran los mismos de la clase política, que tal empoderamiento era ficticio y estaba limitado, que las críticas y discrepar no estaba aceptado so pena de convertirse en un traidor. Sin embargo, pese a este contexto, el espejismo de una “estabilidad económica” haría retrasar las acciones de la gran mayoría de la población descontenta, dividida entre el chavismo y una heterogénea oposición cuyo único elemento de cohesión era oponerse al chavismo, sea por ideología, por combatir el autoritarismo o por haber enfrentado al Presidente o los altos líderes del partido. Una parte marchaba en multitudinarias protestas y la otra lo hacía para apoyar al chavismo, por voluntad propia o coacción. En todo caso, la población de un lado u otro se mantenía activa, aunque sin duda muy polarizada.

Esa polarización era evidente, pero sobre todo era claro que el deseo de los venezolanos era por un lado que se quedara Chávez y por el otro que se fuera. Pocos analizaban objetivamente las razones que motivaban a exigir un cambio de gobierno, el populismo chavista había simplificado el discurso político en el bueno y el malo, el patriota y el imperialista. Lejos había quedado el debate político previo a la aprobación de la Constitución y en sus primeros años, la pasión ocupaba el lugar de la razón.

La constante convocatoria a marchas y protestas estaba llevando a un agotamiento por parte los ciudadanos que activamente acudían a las calles en marchas, recogidas de firmas para promover un referéndum, a asambleas ciudadanas. Mientras tanto, los precios del petróleo en el mercado internacional se desmoronaban y los años de despilfarro y corrupción junto con la destrucción del ya incipiente aparato industrial venezolano comenzaron a afectar de manera más contundente la vida del venezolano de clase media.

Ahora a la lucha contra el autoritarismo de Chávez se sumó, la lucha contra la crisis económica, la inseguridad y la corrupción. Con la muerte de Chávez en 2013 pareció revivir la esperanza de una salida democrática, sin embargo, tras 13 años de gestión controlada, las instituciones estaban controladas por el chavismo, las fuerzas armadas habían sido “depuradas” y adoctrinadas, las alianzas con los medios de comunicación sellada, la oposición arrinconada. Pero esa esperanza hizo que una vez más los venezolanos acudieran a votar, a pesar de la desconfianza para con el poder electoral y sus miembros. Venezuela, desde 1961, había vivido en democracia, imperfecta y pactada, pero democracia, mientras que en América Latina muchos países estaban bajo regímenes dictatoriales. Ese sentimiento se había arraigado en el pensamiento colectivo y la gran mayoría seguía apostando a las elecciones como instrumento para un cambio.

Siete años han pasado desde que un debilitado chavismo, con Nicolás Maduro como candidato designado, se enfrentó en el 2013 con una oposición más o menos organizada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática con Henrique Capriles al frente. Una alta participación, cercana al 79%, y unas elecciones reñidas “dieron el triunfo” a Maduro. La esperanza comenzaba a esfumarse, la crisis económica a tocar un primer fondo, y la desconexión de los ciudadanos con los líderes políticos crecía a la par del número de venezolanos que se aprestaba a dejar el país.

Los primeros años de gobierno de Maduro, estuvieron marcados por una acentuación de la crisis económica, mayor persecución política, y constantes protestas, esta vez de los jóvenes; el resultado: más de dos centenares de personas asesinadas, la apertura de investigaciones por delitos de lesa humanidad, informes por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un informe de una Comisión Independiente de las Naciones Unidas donde se responsabiliza al gobierno de Maduro de desapariciones forzadas, censura mediática, controlar y manipular la justicia, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Bajo ese marco internacional muchos venezolanos dentro, y los más de dos millones fuera, esperaban una sanción que lo depusiera del poder. Nada ha sucedido.

Mención especial tiene la aparición del opositor Juan Guaidó quien como presidente de la Asamblea Nacional (donde la oposición en diciembre de 2015 obtuvo 112 escaños de 157 con una participación del 74%), desconoce la reelección de Maduro en 2018 y asume la presidencia bajo el alegato de un vacío de poder. Su asunción como presidente interino es avalada por gran parte de la comunidad internacional, por los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Esta bocanada de esperanza se diluyó con el tiempo y los cambios no llegaron y la oposición se fragmentó aún más.

La baja participación de los venezolanos en las elecciones del domingo, cercana a un 30% según datos del gobierno, no obedece, desde mi humilde opinión solamente a la acentuada crisis económica por la que atraviesa Venezuela. Tampoco al cuestionamiento de la ilegalidad e ilegitimidad de esta convocatoria, descredito que ni la presencia de Rodríguez Zapatero, Evo Morales o Piedad Córdoba pudieron mermar. Tampoco se debe al llamado de Juan Guaidó de no acudir. Lo que subyace en esta baja participación es que la mayoría de los venezolanos están desconectados de la clase política, están desesperanzados. Esa apatía y desinterés es el resultado de años de un falso empoderamiento, de agotamiento, de detrimento sostenido de la calidad de vida, de la corrupción descarada del gobierno y sobre todo,  que no exista una propuesta unánime por parte de una heterogénea oposición que sigue apostando por la unidad solamente en torno a la idea de sacar al “madurismo”, sin que haya realmente un plan de rescate. A lo anterior se suma el miedo instaurado y la impunidad con la que se mueve el Estado, disfuncional a todas luces.

Esa desafección política solo beneficia a quienes hoy, de manera autoritaria, ostentan el poder mientras la mayoría de los venezolanos debe vivir el día a día, o como suelen decir, “como vaya viniendo vamos viendo”.